ACAVe, FETAVE y UNAV denuncian la falta de respuesta del Gobierno, que desoye el mandato de la mayoría del Congreso de suspender la aplicación del RD 933/2021

18 de noviembre de 2024.— ACAVe, FETAVE y UNAV, principales asociaciones del sector de las agencias de viajes, denuncian la falta de respuesta del Gobierno de España, que desoye el mandato de la mayoría del Congreso, que desde el pasado 4 de octubre, ha hecho oídos sordos a la petición de establecer diálogo con el Ministerio del Interior y las instituciones involucradas en la aplicación del Real Decreto 933/2021.

Estas entidades sostienen que todas las solicitudes de reunión, así como las propuestas de consenso, han sido hasta la fecha ignoradas, dejando al sector de las agencias de viajes en una situación de absoluta indefensión administrativa, ante la inminente aplicación del citado Real Decreto que, si nada cambia, será a partir del próximo 2 de diciembre.

La reciente aprobación de la proposición no de ley (PNL) en el Congreso, que insta al Gobierno a suspender y revisar el RD 933/2021 en diálogo con el sector turístico, tampoco ha generado respuesta alguna por parte del Ministerio del Interior, quien continúa desoyendo los requerimientos aprobados por la mayoría parlamentaria española.

Además, las asociaciones continúan sin recibir respuesta de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ni de la Comisión Europea, a pesar de que esta última tiene un expediente abierto desde enero de 2023 tras la denuncia presentada por FETAVE.

• Las agencias de viajes alertan a las asociaciones de consumidores

Asimismo, las tres asociaciones, ACAVe, FETAVE, y UNAV, han iniciado contactos con las principales organizaciones de consumidores para alertarlas sobre el impacto que esta normativa tendrá sobre los ciudadanos que viajen dentro de España.

La imposición de las nuevas obligaciones que introduce el RD 933/2021 no solo representa una grave amenaza a la privacidad de los datos personales, ya que obliga a las agencias a recopilar y transmitir información altamente sensible, como detalles financieros, relación entre los viajeros, e incluso patrones de viaje, sino que también expone a los ciudadanos a riesgos potenciales de uso indebido de su información ante ataques informáticos.

Adicionalmente, estas medidas van a generar un incremento en los costes operativos de las agencias que, inevitablemente, se trasladarán en mayor o menor medida a los consumidores, encareciendo los precios de sus viajes. Esto convierte a los ciudadanos españoles viajeros en los principales perjudicados por la potencial exposición de sus datos sensibles, siendo una normativa sin precedentes en ningún otro país de la Unión Europea, al tiempo de representar una pérdida de competitividad del sector turístico nacional frente a otras opciones internacionales.

En un paso más en la colaboración entre asociaciones, ACAVe y UNAV han formalizado su adhesión a la denuncia presentada por FETAVE ante la Comisión Europea, así como han solicitado una urgente respuesta por parte de Europa, teniendo en cuenta la PNL aprobada por el Congreso de Diputados y la inminente aplicación del Real Decreto.

Jordi Martí (ACAVe), César Gutiérrez (FETAVE) y José Luis Méndez (UNAV): “Exigimos respuestas y diálogo inmediato y, en este sentido, reclamamos que el Gobierno mantenga la suspensión del RD 933/2021 y, que el Ministerio del Interior acepte revisar, en diálogo con el sector turístico, las obligaciones de dicha norma tal como solicitó el Congreso de los Diputados, a fin de excluir a las agencias de viajes de la aplicación de esta incomprensible normativa y que resulta de imposible cumplimiento. Solicitamos asimismo que Agencia Española de Protección de Datos y Comisión Europea respondan de manera urgente a las solicitudes de pronunciamiento sobre el citado RD”.

Y añaden: “La falta de comunicación y la negativa a abordar los problemas planteados por el RD 933/2021 no sólo afectan al turismo como motor económico, sino que también comprometen los derechos y la privacidad de los viajeros que se alojen en establecimientos turísticos españoles o que alquilen un vehículo en España. El tiempo apremia y el silencio no es una respuesta. Las tres asociaciones reiteramos nuestra disposición al diálogo para encontrar una solución que, garantizando en todo caso la seguridad, proteja al sector turístico y a los consumidores, y ello antes de que el 2 de diciembre marque un punto de no retorno de la judicialización del problema”.